¿Qué se discutía?
Cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política que permiten la entrada de capital privado y extranjero al sector energético.
¿Qué pedía la sociedad civil?
- Información suficiente, transparente y clara que nos permitiera valorar las medidas que esta reforma implicaba, sobre todo por el beneficio que se le dio al sector privado sobre el público en un marco legal contrario a los derechos humanos.
- Grupos indígenas, ejidatarios y campesinos expusieron que de aprobarse la Reforma, ellos no podrían negarse a que sus tierras sean utilizadas para la explotación y exploración de hidrocarburos.
- Cientos de Organizaciones de la Sociedad Civil marchamos e insistimos en que tal reforma protege los intereses de las grandes compañías transnacionales del petróleo y la electricidad, y facilita el despojo de los recursos naturales de diversas comunidades del país, a las que se les dejará sin ninguna opción legal de defensa.
¿Qué aprobaron?
- Permitieron los contratos con particulares y empresas extranjeras para que exploren y exploten petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la nación.
- Se abrió el camino para que particulares generen y suministren electricidad, así como cambios en la política de precios de los energéticos.
¿Qué hizo la oposición?
Una iniciativa paralela que reformaba 12 leyes secundarias y foros de debate en el Senado, los cuales se llevaron a cabo y no sirvieron de nada porque al final, el 18 de diciembre de 2014, la Comisión Permanente declaró constitucional la Reforma Energética y EPN la promulgó 2 días después.